Desde 2006, con el ingreso a la presidencia de Evo Morales, si bien disminuyeron los casos de vulneración de derechos de parte de las Fuerzas Armadas y la Policía contra los habitantes del trópico de Cochabamba, los abusos a las personas continúan, pero esta vez son los sindicatos cocaleros los que más atentan contra las garantías de la población.
Según explicó el defensor del Pueblo en Cochabamba, Augusto Siles, los cocaleros están asumiendo una función de soberanía de hecho, pues "a título de ser la máxima instancia, de ser el soberano, el pueblo, consideran que pueden asumir acciones de facto, que es el término concreto".
Según explicó el funcionario, lo que ocurrió en estos años en el Chapare es que "un conjunto de personas tomaron decisiones a título de que son el soberano y van en contra de todo lo que está dispuesto como ley y como norma", avasallando tierras, prohibiendo el ingreso de determinados seres humanos a las escuelas y a los pueblos, expulsando de la región a los maestros y cerrando centros de recreación o negocios, sin escuchar a nadie y sin permitir que ninguna persona o autoridad interceda por sus víctimas, ya que, según explicó Siles, "el mismo Evo les pidió que arreglen los problemas provocados por la invasión de tierras, por ejemplo, pero no se logró nada hasta ahora".
La fuerza de los sindicatos cocaleros radica en la unidad de sus miembros y en la disciplina de su organización ya que nadie se pone en contra o cuestiona las decisiones asumidas. Esta realidad se vive desde la década del 80 porque tras la migración a esta región, provocada por la relocalización de los mineros, el desarrollo del Chapare fue impulsado desde estas instancias, según recuerda David Herrada, actual concejal electo por el municipio del Cercado, ex presidente de la Brigada Parlamentaria cochabambina y ex dirigente cocalero.
Todos están afiliados
La organización cocalera está dirigida por el propio Evo Morales, seguido por un vicepresidente que es electo cada dos años en una asamblea que concentra a miles de habitantes, por lo general en el coliseo cerrado de la Coronilla.
A diferencia de otras organizaciones sindicales, como las de los obreros o los campesinos del país, los cocaleros no cuentan con subcentrales, sólo tienen sindicatos afiliados a las federaciones. "Cada 10 ó 15 sindicatos hacen una central y cada 10 centrales conforman cada una de las seis federaciones", dijo David Herrada, concejal electo por el municipio de Cercado y ex dirigente cocalero, quien explicó que de ese modo se logra que la totalidad de habitantes que viven en la región estén afiliados a los más de mil sindicatos cocaleros.
El control sindical en Chapare es tan fuerte que en algunos municipios las personas que desean comprar un terreno para construir desde una casa de campo o un vivienda hasta los que pretenden producir fruta o productos alterativos a la coca, tienen que afiliarse al sindicato y mantener una cordial relación con la comunidad para poder establecerse en esta región. También desde las seis federaciones se decide cuál será el canal de televisión que la población verá, pues los televisores en el trópico sólo captan la señal de un medio audiovisual y a diferencia de lo que se pensaría debido a su línea política, el canal que más se ve es Unitel.
EN ASAMBLEAS
El vicepresidente de las federaciones cocaleras, electo el año pasado, Asterio Romero, asegura que el éxito de la organización sindical de su sector radica en que todas las decisiones que se asumen son consultadas y aprobadas en asambleas, por lo que todas las medidas son aprobadas casi por mayoría absoluta "no existe oposición, siempre nos ponemos de acuerdo antes de tomar una decisión para que todos la cumplan", sostuvo. "La relación entre las bases y los dirigentes es la de mandar obedeciendo, nosotros tenemos que escuchar las quejas y hacerlas cumplir. Nosotros siempre tenemos que estar juntos", dijo.
VULNERACIÓN DE DERECHOS EN EL TRÓPICO
Expulsión de maestros
En 2008 los maestros que cumplían funciones en el Chapare entraron en huelga, debido a que asumieron las medidas de presión que en todo el país fueron convocadas por la Central Obrera Boliviana (COB) reclamando por la aprobación de una nueva ley de pensiones. Esta situación provocó que la dirigencia de las seis federaciones cocaleras calificaran el hecho como una medida política que se asumía contra el presidente Evo Morales. Esta situación provocó que los dirigentes cocaleros declararan, desde su sede en Lauca Eñe, la ilegitimidad de la huelga de los maestros, debido a que consideraron que el pedido de los maestros secundaba las medidas asumidas desde la derecha, razón por la cual decidieron que los más de 2 mil educadores que cumplían funciones en esta zona debían ser expulsados del Chapare.
Productores de fruta
En 2006, en la región de Villa Rosario, ubicada en el municipio de Chimoré, se registró otro conflicto que necesitó la intervención del Defensor del Pueblo y del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y que hasta hoy no terminó de resolverse. Uno de los sindicatos cocaleros decidió tomar 4 mil hectáreas de tierra en la que trabajaban los productores de fruta de la región, quienes contaban con los títulos de propiedad de los terrenos que compraron y en los que hicieron el desmonte, además de la apertura de caminos y sendas. Pese a que las denuncias presentadas ante el Defensor del Pueblo y el Gobierno Central, para que se respete el derecho, con la presentación de todos los papeles al día, no se pudo conseguir que el avasallamiento sea levantado. Los propietarios para recuperar sus tierras aceptaron perder la mitad, pero ni siquiera con esa oferta se logró llegar a algún acuerdo, hasta hoy.
Embarazos en los colegios
Desde las seis federaciones cocaleras, el año 2005 se tomó la decisión de que no podrá asistir al colegio ningún adolescente, hombre o mujer, que por un descuido tenga o haya provocado un embarazo. Esta insólita norma, dictada desde un sindicato, fue aplicada por primera vez en el municipio de Villa Tunari, con un muchacho de tercero de secundaria que embarazó a su novia, que además era su compañera de curso y que asumió su responsabilidad como padre del bebé. Este no fue el único caso atendido por la oficina del Defensor del Pueblo, pues sólo fue el primero.
A partir de que se dictó esta disposición, cuatro adolescentes más sufrieron el mismo problema ya que a causa de su embarazo su derecho a la educación se vio seriamente afectado desde su propia comunidad, sin tomar en cuenta lo que dice el Código del Niño, Niña y Adolescente y una disposición emitida desde el Ministerio de Gobierno, ese mismo año, en la que se establecía que los adolescentes tienen derecho a continuar con sus estudios a pesar de los embarazos.
Caso de los yuquis en Chimoré
Por su mal aspecto, debido a que siempre están vestidos con harapos, tienen sarna en la piel y piojos en la cabeza, además de sus pésimas costumbres, pues siempre son acusados de cometer robos; porque le dan un mal aspecto al centro del pueblo y a la plaza principal, siempre están borrachos, pidiendo limosna y enfermos, la Alcaldía de Chimoré en 2008 decidió emitir una ordenanza en la que prohibía el ingreso del pueblo Yuqui a esta capital, sin tomar en cuenta que los yuquis, son un pueblo de no más de 200 miembros, que vive en el trópico desde antes que los españoles llegaran a América. Desde el gobierno central, se tuvo que actuar contra la ordenanza municipal, debido a que nadie puede restringir el derecho a la libre circulación y mucho menos de los miembros de un pueblo originario del país. Actualmente los yuquis están en Chimoré, entre otras cosas, vendiendo sus artesanías.
Invasión a la tierra yuracaré
Desde 2007, algunos sindicatos cocaleros tienen problemas con el pueblo Yuracaré debido a la invasión de tierras en el territorio comunitario de origen (TCO) de este pueblo.
El conflicto se registró al sur y en la región más alta del terreno indígena, debido a que los yuracarés (que son un pueblo que también se dedica a la caza y la pesca) no se asentaron en la zona, debido a que en ella viven los animales de los que se alimentan.
Esta región fue invadida primero por los madereros, que se llevaron una gran cantidad de árboles milenarios, destruyendo el ecosistema de la TCOI yuracaré, haciendo el desmonte sobre el cual se instalaron los productores de coca que pese a la intervención del INRA, no abandonan la zona.
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